Casos de espionaje y legislaciones que criminalizan usos de internet y tratan a la ciudadanía como potencial sospechosa han conseguido abrir el debate sobre el empleo de nuestros datos y la privacidad.

Tomar el control de nuestros datos y la forma en la que estos circulan se ha convertido no solo en una práctica saludable sino en toda una suerte de activismo, dadas las circunstancias.

 

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Piratas, terroristas y pedófilos acechan en la red de redes y para protegernos debemos ceder cualquier resquicio de intimidad, cualquier atisbo de lo privado en la red. Las fuerzas coercitivas avanzan so excusa de la seguridad. El viejo argumentario del enemigo externo, convenientemente trasfigurado en terror y degradación, nos conduce al adocenamiento, al consentir tácito. Creo que nadie se ha parado a pensar que si realmente nos dedicáramos a dichas actividades nos cuidaríamos bien de no hacerlas públicas, de establecer mecanismos de ocultación efectivos. Precisamente algo en lo que los hoy «enemigos» son expertos.

La edad de la inocencia para ciudadanos y usuarios de internet ha terminado. Los recientes acontecimientos han disparado la intranquilidad entre la ciudadanía sobre todo entre los usuarios de redes sociales y servicios de grandes compañías norteamericanas a raíz del nuevo escándalo de espionaje, con el sistema PRISM y las recopilación de metadatos telefónicos por parte de la NSA como su mayor ejemplo.

Las sucesivas legislaciones surgidas al calor de la “lucha contra el terrorismo” en EEUU, se ha modificado de forma recurrente  la vieja FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act ) de 1978, hasta dejar el camino expedito a  estas agencias de espionaje. Ni Europa ni España quedan fuera de este escenario, por mucho compromiso legislativo formal que se alegue.

En esta ocasión ha sido el espionaje directo y concreto revelado por una fuente de información como Snowden, pero no se trata de un caso aislado. Si trazamos una dirección hacia la que han apuntado todas las leyes o tentativas legales de los últimos tiempos no resultaría difícil conocer la hoja de ruta del poder ,más cercano al lobby privado que al interés general expresado democráticamente. La ensalada de acrónimos desde ACTA, pasando por CISPATAFTA, y tantas otras no deja lugar a dudas. Todos entramos en la categoría de sospechosos de una supuesta piratería y nuestra opinión, que no es delito en occidente, nos puede hacer ingresar en la del potencial delincuente, cuando no terrorista. Por supuesto cualquier actividad de protesta o activismo, aunque solo sea expresada en redes sociales y círculos no abiertos, puede resultar suficiente para ingresar en esas listas no declaradas de «disidentes».

Ya en otras ocasiones he apuntado sobre la tesis de que delincuentes, grandes compañías y agencias estatales de inteligencia convergen en su forma de operar respecto a la ciudadanía. Creo que entra por tanto dentro de nuestras responsabilidades protegernos de igual manera que hacemos respecto a otras agresiones, tomar una actitud proactiva y mantener vigilante nuestra capacidad críitica y de análisis tambíen en el terreno tecnológico.

Renunciar a lo fácil a cambio de libertad

Hasta ahora muchos servicios de internet nos han conducido a la nube con una multitud de ventajas y facilidades por las que hemos cedido cada vez más una fracción de nuestra vida cotidiana. Un dato de geoposición, una preferencia personal, un inocente  “me gusta”, han ido configurando el gran Big Data mediante el que ya no solo somos parte de un negocio sino sospechosos potenciales de un cada vez más amplio “perfil delictivo preventivo”.

Ochenta y seis organizaciones, fundaciones y empresas relacionadas con internet se han posicionado en contra de la vigilancia y el espionaje ciudadano en una iniciativa encabezada por la plataforma activista EFF ( Electronic Frontier Foundation)  Hoy sabemos qué compañías no dudaron en prestarse a la intervención de nuestros datos a pesar de las muestras cara a la galería de compromiso con la trasparencia. Ahora, una vez revelado, la escalada de acciones de algunas de estas compañías se incrementa, como en el caso de Google, que día tras otro trata de desmarcarse de las acciones de la NSA.

Estas organizaciones proderechos, se han agrupado en la plataforma Stop Watching us a través de la que encabezan una serie de iniciativas por la transparencia y conminan a los internautas a que comiencen a conocer los instrumentos y compañías que operan en la red y a una toma de conciencia de la dimensión del asunto. Ya han conseguido enviar 468.935 firmas de ciudadanos exigiendo respeto a su privacidad a las autoridades estadounidenses.

Como hemos visto, el papel de la mayor parte de las grandes compañías de Internet estadounidenses ha quedado en entredicho.  Varios de sus miembros han expresado su compromiso con la privacidad y la transparencia respecto a sus usuarios y han pasado a la ofensiva exigiendo al gobierno que les permita ofrecer las peticiones que mediante la legislación FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act )de 1978 los obliga a ofrecer dichos  datos. Al parecer, este aspecto no se incluía en los habituales informes de trasparencia semestrales que tanto Google como Twitter suelen publicar.

Desde luego el empleo de herramientas libres y software no propietario requiere de una convicción de su necesidad y una implicación para conocerlas y comenzar a desenvolverse con ellas. A cambio dejamos de ser tributarios de empresas con las que no nos identificamos y salimos de un mecanismo que cuando menos nos hace sospechar de hasta qué punto no controla nuestra cotidianidad en la red.

El conocimiento es el primer paso

En su libro Cypherpunks, Julian Assange nos advierte que vamos encaminados a un mundo distópico cada vez más vigilado. En el mismo sentido, afirma que la criptografía es la forma más extrema de la acción directa no violenta. Efectivamente, el compromiso con la libertad debe pasar por un paso activo en defensa de la esfera de lo privado.

Enrique Dans afirma que, en su prólogo a Cypherpunks : “Que Ahmadinejad en Irán, Ben Ali en Túnez o Mubarak en Egipto reaccionasen al uso de la red para movimientos insurgentes intentando bloquearla y tratando de establecer sobre ella un sistema de vigilancia de la población parecía lógico y hasta esperable: que ese movimiento tenga lugar en los Estados Unidos o en muchos otros países con tradición democrática debería resultar completamente inaceptable”

En un artículo sobre servicios seguros señalábamos que ha llegado un momento en el que la ciudadanía debe tomar el control responsable de sus comunicaciones y datos. Efectivamente, es tiempo de una encarar con una actitud activa las redes sociales, conexiones y aplicaciones que empleemos; conocer el nivel de garantía que cada una nos ofrece y hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestros datos.

Como apuntaba al inicio, la edad de la inocencia para ciudadanos y usuarios de internet ha terminado. Tomar conciencia de la realidad en la que nos movemos y optar por un dominio activo de nuestra privacidad, frente a la comodidad y el conformismo respecto a las nuevas tecnologías puede ser la única forma de reconducir un proceso que de lo contrario apunta hacia un futuro oscuro de control como nunca existiera.

imagenCC: mancha232