El Indultómetro, para saber a quienes se indulta en España
Con la página del Indultómetro, el colectivo ciudadano Civio, pretende desvelar el trasfondo que motiva la mayor parte de los indultos que se producen en España. Para ello, hacen un pormenorizado análisis de cuáles son los indultos que los consejos de ministros han autorizado a largo de los últimos 17 años, para lo que han procedido a un rastreo exhaustivo de la publicación de estos en el Boletín Oficial del Estado, para elaborar “a mano”, una base de datos que permita rastrear delito, ubicación y contexto.
Efectivamente, en los últimos 17 años,el BOE ha publicado un total de 10.158 indultos decretados por el gobierno de España. Hasta ahora, resultaba muy difícil realizar un rastreo o tener perspectiva alguna del tipo de indultos que se daban, debido a que solo se contaba con la herramienta objetiva de su publicación oficial, sin cruce de datos con el delito, ni seguimiento de las consecuencias, salvo en casos muy notorios en prensa. Como casos mas destacables de la base de datos, señalaríamos los65 condenados por delitos de prevaricación, los 214 por malversación de caudales públicos o los42 por tortura.
La exigencia de una información pública transparente, es la motivación principal de esta página, que señala cómo no hay legislación alguna que regule cómo se otorgan estos indultos, salvo la publicación, en el citado BOE, del Real Decreto en el que se decide. De este modo, podremos ver cómo se da una transparencia superficial, que no entra en cómo pueden los delitos de carácter económico, precisamente esos que han ido ampliando su rango hasta cantidades cada vez más altas, tener tanto peso, en perspectiva, en el grueso de estos decretos. Todo esto, amparado en una ley “provisional” que data de 1870.
Curiosamente, estos días ha sido un indulto de carácter económico en que ha vuelto a poner en entredicho los intereses que podrían subyacer en estos. El caso de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, al que el gobierno anterior indultara de su condena a tres meses de arresto e inhabilitación, y que ahora el Tribunal Supremo anula, al apuntar que el gobierno se excedió en la aplicación de dicho indulto, al pretender que no le afectara la normativa que impide que personas con antecedentes penales pudieran ejercer de banqueros. Un caso paradigmático, sin duda.